El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley 87-26, que introduce cambios a la normativa sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial.
La nueva legislación modifica varios artículos de la Ley 339-22 e incorpora el artículo 12.1, con el propósito de mejorar los servicios judiciales digitales y facilitar el acceso a la justicia mediante procesos más ágiles, transparentes y seguros.
La norma actualiza el marco normativo incorporando definiciones clave como autenticación, acto jurisdiccional electrónico, buzón judicial digital, expediente electrónico, plataforma digital, servicio judicial y protección contra la falsificación digital o spoofing, así como las especificaciones sobre firma electrónica y firma digital cualificada, refiere una nota de prensa del Poder Judicial.
Tramitación judicial
Señala que entre sus principales novedades, la ley establece que la tramitación ante el Poder Judicial se realizará con carácter digital prioritario. Sin desmedro de la posibilidad del acceso presencial en cualquier sede de la institución.
Asimismo, dispone expresamente que el entorno virtual no podrá constituir una barrera para la ciudadanía, garantizando el derecho a la tramitación presencial a toda persona que declare no contar con los medios técnicos, la conectividad o la capacitación tecnológica requerida.












